EL CIERRE DE LA ASAMBLEA, EL SUELDO DE LOS ASAMBLEÍSTAS Y LA SOBERANÍA POPULAR

Hay dos ideas que están rondando por las redes sociales estos días de pandemia. La primera: que se cierre la Asamblea, porque los asambleístas no trabajan, no hacen nada; la segunda: que los asambleístas (u otros funcionarios con sueldos elevados) donen la mitad de su sueldo o varios días de este, para los gastos que genera la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Sobre la idea del cierre de la Asamblea quiero llamar la atención sobre las posibles distorsiones que pueden resultar de una proposición así. Si se cierra la Asamblea estaríamos abriendo las puertas a un gobierno dictatorial, es decir un gobierno en que todo el poder se concentre en el presidente, que pasaría a ser un dictador. Cuantos empresarios privados y banqueros del Ecuador no querrían que esta situación se diera, ya tienen controlada la función ejecutiva, con este paso no quedaría ninguna autoridad política a nivel nacional que se oponga a las políticas que ese nuevo gobierno dictatorial quisiera acometer. Pedir simplemente el cierre de la Asamblea Nacional es un paso a favor de las corporaciones y los bancos, para que logren el control completo del país.

No estoy defendiendo a los asambleístas por lo que son en sí mismos, corruptos y aliados a los intereses corporativos, estoy defendiendo la representación de la ciudadanía en el gobierno. El pueblo debe estar representado en el gobierno. El Estado se maneja con las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia. De estas únicamente la función legislativa lleva la representación ciudadana, es decir que todo el pueblo está representado en los asambleístas, se puede decir que el pueblo gobierna desde los asambleístas.

Más allá de que esta representación en la realidad muchas veces quede en la letra muerta, el principio es importante. El principio de que la soberanía, es decir el poder político, el poder de decisión sobre los asuntos que nos incumben a todos como pueblo, está en la voluntad del mismo pueblo y en ninguna otra parte, y por tanto es desde el pueblo que ese poder se transfiere a los asambleístas y al presidente y otros cargos. Es importante que siempre recordemos eso, que como pueblo tenemos la soberanía, el poder de decisión en última instancia.

Pero lo que sucede es que la mayoría de las veces el pueblo no quiere aceptar esta responsabilidad de gobernar, si se quiere, de asumir el poder político, más bien intenta buscar una figura paterna (muy ligada a esa forma de organización de las familias: el patriarcado) que como si fuera el jefe de la casa, ordene, maneje, disponga y sea un justo juez que vela por el bien de todos. Esta figura se encarna en el presidente, para muchos el presidente es el padre. Pero esta imagen romantizada de la política oculta lo que en la realidad se expresa, el autoritarismo de un gobernante que es un déspota. Desengañémonos no existe ese padre ideal, no existe ese justo juez, no existe ese presidente perfecto.

Pero lo grave no es que no exista un presidente perfecto, lo grave es que el pueblo deposite todas sus esperanzas de un futuro mejor para el país en un presidente, porque no quiere asumir su responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad no hablo de trabajar de sol a sol, no robar y pagar sus impuestos, que también lo debe hacer; me refiero a su responsabilidad política a su responsabilidad de ocuparse de los asuntos del Estado, por ejemplo: ver cómo se esta gastando el presupuesto de la nación, ver cómo se manejan los ministerios, cómo se designan a los funcionarios, cómo se fiscaliza los actos de los funcionarios, cómo se administra justicia, etc… todo lo que tiene que ver con el manejo de lo público a nivel nacional, provincial o municipal. El ciudadano debería estar pendiente de todo esto, es decir a través de su opinión, bien informada, debería incidir en el gobierno, participar de él.

No sé si la mejor forma de que la ciudadanía participe del gobierno es con asambleístas elegidos por voto, como los tenemos hoy. En el mundo de las comunidades aymaras y quechuas de Bolivia y de otros lugares de los Andes, las funciones de dirigencia política son elegidas por turnos, lo que implica que todos los componentes de la comunidad deben de cumplir funciones políticas en algún momento de su vida, tal vez esta sea una alternativa, si no la es habría que buscar otras; pero lo importante es que la ciudadanía no se restrinja ella misma, ni que la alejen, de su participación en el gobierno. Es fundamental que esa noción de soberanía en la voluntad del pueblo y por tanto la responsabilidad de gobernar, no se borre de la mente de cada persona.

La idea de la soberanía del pueblo, el pueblo depositario del poder del Estado tiene que ver con la segunda propuesta que anda circulando en redes sociales y que quiero comentar. La idea de que debamos pedir a los asambleístas y a otros funcionarios de puestos altos de la administración que donen todo o parte de su sueldo para los gastos de la crisis del coronavirus. Si nosotros somos el Estado, si nosotros participamos del gobierno también, entonces resulta absurdo que pidamos, como quien pide una dádiva, que los funcionarios den graciosamente su sueldo. Lo pertinente sería que, asumiendo la soberanía del Estado, el pueblo a través de una acción popular presione a las autoridades respectivas para que se determine una rebaja de salarios para los fines pertinentes; no que se pida una donación, sino una acción de Estado que asigne los recursos del propio Estado para los fines que considere necesarios en el momento.

Es necesario que siempre recordemos el primer artículo de la Constitución, casi en todos los países dice algo parecido: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”.